El Congreso aprueba la Ley de Sociedades Laborales y Participadas

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Sociedades Laborales y Participadas, una reforma normativa que incorpora mejoras para este tipo de empresas, puesto que va a suponer un avance a la hora de clarificar los requisitos para la constitución de sociedades laborales, va a facilitar la incorporación de trabajadores a la condición de socios y va a simplificar y reducir trámites administrativos e incorporar los principios de buen gobierno.

Transcurridos dieciocho años desde la ley de 1997, FEANSAL ha promovido contar con un nuevo texto normativo para ofrecer a las sociedades laborales un marco jurídico actualizado y acorde con las actuales demandas del mercado. Un modelo de empresa que Andalucía lidera pues es la comunidad autónoma que cuenta con un mayor número de sociedades laborales, representando a más de 2.800 empresas.

FEANSAL ha acompañado al presidente de Confesal, Ruperto Iglesias, a la sesión de debate en el Congreso de los Diputados, quién ha destacado la satisfacción del sector por contar con un marco normativo que impulsará la creación de empleo y empresas y ha agradecido al Gobierno su receptividad a las demandas del sector, toda vez que ahora hay que avanzar para desarrollar medidas fiscales para las sociedades laborales.

Confesal también ha destacado que esta Ley regula, de manera novedosa, la sociedad participada por los trabajadores, situando así a la sociedad laboral como el referente de este tipo de empresas en España y en la Unión Europea, donde no existe legislación al respecto.

Entre las novedades normativas cabe destacar que la reforma va a permitir la creación de sociedades laborales con dos socios trabajadores iniciales (hasta ahora el número mínimo eran tres), con la obligación de incorporar a un tercer socio en el plazo de 36 meses. También va a permitir un mayor porcentaje de horas-año trabajadas por parte de los no socios, con respecto a los socios trabajadores, adaptando así el modelo a las demandas planteadas por las empresas desde hace casi una década y eliminando un corsé que ha hecho que muchos proyectos de autoempleo colectivo no pudieran calificarse como sociedad laboral.

La nueva Ley aporta novedades que mejoran el sistema de transmisión voluntaria de acciones, haciéndolo más ágil, o la valoración de acciones y participaciones en la amortización y transmisión de las mismas. También propone mejoras y orientaciones para el órgano de Administración de las empresas garantice prácticas de buen gobierno.

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