Sergio Oliva: “Hasta que no estén claras las incompatibilidades entre costes indirectos y de gestión es mejor ser precavidos”

Tras una mañana intensa de más de seis horas impartiendo una ponencia sobre cómo gestionar la formación, su interés por este sector le sigue infundiendo ánimo para que con solo dos caramelos sigamos charlando sobre el tema.  Hablamos con Sergio Oliva Ayllón que, amablemente, nos concede esta entrevista para la revista Sociedades Laborales dando respuesta a las inquietudes que nos han trasladado los miembros de la Red de Centros de Formación Colaboradores. Gerente de Grupo Sipadan, consorcio formado por seis empresas que dan servicios a distintos niveles dentro del sector de la formación, Sergio compagina esta responsabilidad con la de asesor en formación continua de diferentes entidades y con la impartición de ponencias en el ámbito de la formación.  Comenzamos con el nuevo Real Decreto Ley de 4 de Marzo de 2015.

REVISTA SOCIEDADES LABORALES: En el nuevo Real Decreto se habla de costes directos, indirectos y de gestión. En los documentos de aclaración de costes que edita la Fundación sí aparecen claramente definidos los indirectos y los de gestión, ¿pero cuáles se pueden considerar directos?

SERGIO OLIVA: Hasta la publicación de este Real Decreto Ley solo se podían imputar dos tipos de costes: impartición y organización, independientemente de si la empresa se autogestionaba la formación o se adhería a una agrupación con una entidad organizadora. Bajo la nueva iniciativa de “formación programada por las empresas” los tipos de costes que se pueden imputar varían atendiendo a si la propia empresa se gestiona la formación o si encomienda dicha gestión a una entidad externa.

Cuando la empresa se autogestiona, lo que anteriormente era el perfil de empresa bonificada, puedes imputar solamente dos tipos de costes: directos e indirectos. Los directos son los relacionados con la ejecución de la formación y los indirectos se corresponden con lo que llamábamos costes asociados o de organización. Por tanto, los costes directos son los necesarios para la ejecución de la formación, como formadores, aulas, medios didácticos, materiales didácticos, seguro de accidente (si es necesario), alojamiento, manutención, desplazamiento de formador o de alumno. Indirectos serían los costes soportados por la propia empresa que se autogestiona por la organización y tramitación de sus procesos formativos, incluyendo los costes de su propio personal implicado en dicho proceso administrativo, junto con la luz, el agua, mensajería, seguridad, limpieza, amortizados con los límites permitidos.

La suma de estos costes directos e indirectos imputados por la empresa constituyen el coste total de la acción formativa (imputados y abonados). Ahora, desde el punto de vista de las limitaciones normativas en cuanto a bonificación, debemos tener en cuenta dos límites. Uno el módulo económico aplicable. La suma de los dos costes imputados no podrá superar, por hora y alumno, el módulo económico establecido, a efectos de bonificación. Por otro lado, el Real Decreto Ley estipula que los costes indirectos admitidos no podrán superar el 10 por ciento del coste total de la acción formativa. Por ejemplo, supongamos una formación en la que la empresa imputa una factura de una entidad de formación que ha contratado de 1.800 euros, lo que serían costes directos, y además imputa 350 euros como suma de todos los costes indirectos. En este ejemplo el coste total de la acción formativa asciende a 2.150 euros. A la hora de ver la bonificación aplicable el sistema primero ajusta los costes indirectos admitidos que pasan de 350 euros (los reales soportados imputados) a 215 euros, es decir, el 10 por ciento del coste total de la acción formativa (2.150 euros), quedando como coste total admitido 2.015 euros (1.800 euros de los directos y 215 euros de los indirectos admitidos). Por otro lado, si a partir del módulo económico el coste máximo  asciende a 1.300 euros, la empresa solo se podrá bonificar, de los ya ajustados 2.015 euros, los 1.300 euros que se corresponden por el límite establecido por el módulo económico.

En el modelo en el que la empresa encomienda la gestión de su formación a una entidad externa se podrían imputar hasta tres tipos de costes: directos, indirectos, que ya hemos comentado, y que conformarían el coste total de la acción formativa limitado por el módulo económico. Y un tercer tipo de coste de gestión de la formación aplicable a la labor de la entidad externa a la que se le encomienda el servicio. Porque no debemos confundir esa gestión de la formación con lo que hasta entonces llamábamos la organización de la formación. Porque la gestión implica responsabilidad. La entidad gestora comprueba que el proveedor de formación está inscrito en el registro estatal, comprueba que no hay subcontratación de proveedores, que la empresa está demandando una formación ajustada a sus necesidades reales e inmediatas, que la bonificación se hace correctamente, que la formación se contabiliza correctamente… Esta entidad gestora tiene muchas más responsabilidades que en el modelo anterior. Este exceso de responsabilidad, que se plasma en  Real Decreto Ley 5 del año 2000 como una responsabilidad solidaria en la devolución de bonificaciones y sanciones que pueda recibir la empresa, conlleva que esa gestión se bonifica por encima del módulo económico. Es decir, que esa formación que hemos puesto de ejemplo, limitada a 1.300 euros, en este modelo de gestión tendría un incremento en la cantidad a bonificar de un 10, 15 o 20 por ciento, dependiendo del tamaño de la empresa. Lo lógico entonces es que los gastos de gestión sean de auditoría, supervisión, y el indirecto sea tramitación.

En este momento, no está del todo claro cuando podemos imputar los tres tipos de costes, ya que, el Real Decreto Ley establece que ya se regularan las incompatibilidades entre los costes indirectos y de gestión. Por tanto, es conveniente, en mi opinión, que hasta que no estén claras estas incompatibilidades lo mejor es que en este modelo de externalización de la gestión solo se imputen costes directos y de gestión. No sería buena idea imputar indirectos de momento. Es mejor ahora ser precavidos ya que no están determinadas normativamente estas incompatibilidades.

REVISTA SOCIEDADES LABORALES: ¿Podría explicarnos cuáles son las principales responsabilidades de las entidades de formación con el nuevo Real Decreto y las de sus empresas clientes?

SERGIO OLIVA: Son todas. Con las modificaciones introducidas en el  Real Decreto Ley 5 de agosto del año 2000 son responsables solidarias: las empresas que se bonifican, las entidades que le gestionan la formación y los centros que imparten la formación. Previsiblemente, y esto es una interpretación, cuando la empresa se autogestione, la responsabilidad va a recaer preferentemente sobre la empresa (como en el modelo anterior). Sin embargo, cuando el modelo es que yo encomiendo mi gestión a un tercero este será el que tendrá la responsabilidad ante la administración y ante el cliente. Pero dice que las devoluciones serán solidarias. Se puede dar el caso de que haya una infracción que conlleve una devolución y posiblemente una sanción que haga que la empresa proveedora de formación acabe devolviendo el dinero por insolvencia de las dos otras dos partes previas. Responsabilidad solidaria significa que alguien devuelve. No dice corresponsabilidad, o responsabilidad subsidiaria sino que dice responsabilidad solidaria, lo que significa que alguna de las partes responderá.

REVISTA SOCIEDADES LABORALES: La financiación de la nueva Formación Programada por las empresas no tendrá carácter subvencional y se realizará mediante bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Debido a ello, ¿cree que es posible aplicar un porcentaje como beneficio empresarial o como gastos de difícil justificación en el desglose de costes?

SERGIO OLIVA: La idea, y eso se ve claramente con la prohibición en la subcontratación de la formación, es que si por ejemplo FEANSAL lo único que hace es gestionar, tendrá sus beneficios en lo que cobre por la gestión; aunque la empresa que recibe la formación, que es la que se bonifica, tendrá restringida lo que se puede bonificar por la gestión (10, 15 o 20 por ciento); por otro lado, los centros asociados a FEANSAL que imparten formación podrán tener su beneficio empresarial en el servicio en el que están aportando valor al cliente, la ejecución de la formación. Ahora, si los socios de FEANSAL le cobran por esa ejecución de la formación 1.000 euros lo que no puede hacer la Federación es imputar en costes directos un valor mayor de 1.000 euros porque entonces FEANSAL, que no está ejecutando la formación, estaría añadiendo un sobrecoste indebido a la bonificación que hace el cliente. La idea es que cada parte implicada gane dinero lícitamente en aquello que le aporta valor al sistema. Si yo soy entidad gestora y formadora a la vez, ganaré dinero en la gestión, ganaré dinero en la formación, porque el cliente tendrá limitado lo que se puede bonificar por la actividad formativa y lo que se puede bonificar por la gestión. Si solo gestiono o formo, gano solo en alguno de los dos aspectos. Si viene un sistema de auditoría, a mí como proveedor de formación o como entidad gestora, me pueden pedir documentación para comprobar que no ha habido una subcontratación indebida que suponga un sobrecoste.

REVISTA SOCIEDADES LABORALES: Con respecto al cheque de formación, ¿cuáles son los requisitos para solicitarlo y qué formación se puede realizar con estos cheques? ¿Qué necesidades existen de acreditación u homologación de los centros?

SERGIO OLIVA: Para mí, el cheque formación puede tener un problema, que ya se está comentando en todos los foros, si no se regula con mucho cuidado. Hablamos de la posibilidad de que se use de forma fraudulenta. No somos un país del norte de Europa donde las cosas que están prohibidas no se hacen, sino que, por desgracia, somos un país en el que siempre estamos buscando la manera de ver cómo nos saltamos las normas. El cheque formativo es un cheque al portador que se lo vamos a dar a una persona desempleada para que vaya a buscar al proveedor acreditado de una lista seleccionada por la administración competente que le puede dar la formación y va a ver “tortazos” para coger al alumno.

Un segundo problema, desde el punto de vista de la empresa que imparte es que el cheque formativo está asociado a una detección de necesidades específicas detectadas por el servicio público de empleo correspondiente de la persona desempleada. Viene una persona, se le hace una entrevista, se comprueba sucurriculum vitae, se analiza qué puesto de trabajo busca, qué necesidades formativas tiene y se le concede un cheque para cubrir la formación requerida para cubrir las necesidades detectadas, por lo que las empresas de formación receptoras se van a encontrar que les llega un goteo intermitente de personas cada una con unos requisitos formativos diferentes y lo que puede ocurrir es que los centros no puedan gestionar de forma eficiente esta disparidad de necesidades al coste financiable estipulado. A día de hoy, una entidad que recibe una subvención tiene una única formación y aglutina a 25 alumnos. Con este cheque tú tienes que buscar centros y te vas a encontrar con una demanda muy dispar y el centro no va a poder ejecutar.

REVISTA SOCIEDADES LABORALES: ¿Cuál es el papel de los agentes sociales como FEANSAL según el nuevo Real Decreto?

SERGIO OLIVA: FEANSAL, como agente social, en este sistema ya no tiene capacidad de solicitud de planes de formación a través de la oferta formativa programada por la administración, su papel es meramente consultivo porque se supone que va a formar parte del diseño del modelo y no de la ejecución de los planes de formación. Aunque si es verdad que en la parte de la formación programada por las empresas, los agentes sociales pueden ser también entidades gestoras. Lo que no van a poder ser es ejecutoras de planes que van a concurrencia competitiva.

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