El CES emite este miércoles el dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas

Según el calendario de reuniones el próximo miércoles día 13 de mayo el Consejo Económico y Social someterá a aprobación para su emisión el dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas, normativa que en estos momentos se encuentra en fase de estudio en la comisión de trabajo pertinente en el seno del CES.

Tras el dictamen el Gobierno enviará el texto al Congreso de los Diputados donde la Ley iniciará su trámite legislativo propiamente dicho. Esta reforma, que significa un hito para las aspiraciones de Confesal en la búsqueda de una adaptación de esta normativa, conllevará diversas mejoras para el modelo que representa la sociedad laboral, según han difundido fuentes del Gobierno en diversas comparecencias.

Así destacan que este nuevo texto, además de colocar a la sociedad laboral como referente de las empresas participadas en la Unión Europea, clarificará los requisitos para la constitución de las sociedades laborales, facilitará la incorporación de trabajadores a la condición de socios, dará mayor protagonismo de los trabajadores en el control de la sociedad y simplificará y reducirá trámites administrativos e incorporará principios de buen gobierno.

Más participación y protección de los socios trabajadores

El texto pretende promover el acceso de los trabajadores a la condición de socios y garantizar un mayor control de la sociedad por parte de los mismos. La nueva Ley otorga a los trabajadores un mayor protagonismo en la toma de decisiones, facilitando su acceso a la condición de socio.

En este sentido, se facilita a los trabajadores la adquisición de acciones y participaciones a través del establecimiento de un nuevo sistema con un procedimiento único común y plazos más reducidos, se aumentan las posibilidades de que los trabajadores con contrato indefinido adquieran acciones y participaciones, y se incorpora por primera vez la posibilidad de que la sociedad facilite asistencia financiera a los trabajadores para la adquisición de capital social.

Además, se regula de forma expresa la adquisición por la sociedad de sus propias acciones y participaciones (autocartera), que deberán ser enajenadas a los trabajadores en un plazo de tres años para facilitarles su acceso a la condición de socios. Asimismo, y con el objeto de garantizar el control efectivo de los trabajadores en la sociedad, las acciones y participaciones, sean de la clase que sean, tendrán el mismo valor nominal y conferirán los mismos derechos.

Simplificación y reducción de trámites

La nueva norma pretende facilitar la creación de este tipo de sociedades a través de la simplificación de algunos requisitos, la reducción de cargas administrativas y la coordinación de registros. Para ello, se simplifican los requisitos para su constitución y se flexibiliza el marco de contratación de trabajadores.

En este sentido, el nuevo texto flexibiliza el marco de contratación de trabajadores no socios con contrato por tiempo indefinido, pasando del 15-25% actual al 50% el número de horas-año trabajadas como medida de fomento del empleo.

Otra de las novedades más importantes en este sentido es la reducción de tres a dos del número mínimo de socios para constituir una sociedad laboral durante los primeros años de actividad.

Además, supone un avance en cuanto a simplificación de trámites y eliminación de trabas burocráticas. Para ello, elimina trámites administrativos y amplía la coordinación entre los diferentes registros, incluido el mercantil, en respuesta a lo previsto en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. En este sentido, una base de datos común en el Registro del Ministerio de Empleo y Seguridad Social contendrá toda la información de los registros autonómicos.

Asimismo, se simplifica la documentación necesaria para constituir una sociedad laboral, se suprime la obligación de comunicar periódicamente al registro las transmisiones de acciones o participaciones y se adecúa la normativa a los cambios que se producirán en torno al documento único electrónico.

Para favorecer la transformación de empresas en crisis en empresas de la Economía Social, se simplifica la documentación necesaria para la conversión a sociedades laborales de empresas ya existentes.

Por otro lado, la reserva especial prevista para las sociedades laborales se dotará sólo con el 10 por 100 del beneficio líquido de cada ejercicio y limitada ahora al doble del capital social (ahora es el 10-25 por 100 de los beneficios líquidos de cada ejercicio). Además, esta reserva podrá destinarse de forma novedosa a la adquisición de auto-cartera para facilitar su posterior enajenación por los trabajadores.

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