Las sociedades laborales fórmula ideal de emprendimiento

La Ley 27/2011 que entró en vigor el 1 de enero respecto del encuadramiento en la seguridad social de los administradores de las sociedades laborales, la irrupción de la reforma laboral  y la posterior aparición del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, entendemos que ha posicionado a la SOCIEDAD LABORAL como la fórmula jurídica ideal para los proyectos de emprendimiento colectivo y concretamente en relación con los proyectos juveniles.

Son múltiples las novedades surgidas a raíz de la aparición de los nuevos parámetros del derecho laboral que entendemos hace a  la SOCIEDAD LABORAL como el vehículo idóneo para emprender. Materias como el contrato de fomento de emprendedores con sus incentivos y bonificaciones y su posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo con el desarrollo de una actividad, la posibilidad de utilizar el convenio colectivo de empresa y su consiguiente efecto en el pago de seguros sociales, las concretas bonificaciones otorgadas a los socios trabajadores menores de 30 años, incluso en el caso de sociedades laborales familiares cuyo encuadramiento corresponda al régimen de autónomos a los que les sería de aplicación la cuota fija del autónomo menor de 30 años y la posibilidad de compatibilizar el desempleo con su actividad y las últimas novedades del pago único de la prestación por desempleo con la exención fiscal a su totalidad son de aplicación a las SOCIEDADES LABORALES y entendemos que hace de ella la forma jurídica que más ventajas competitivas ofrece a la hora de emprender.

El contrato de fomento de emprendedores es aquel que se realiza con trabajadores inscritos en la Oficina de Empleo, en el caso de aplicación de las bonificaciones, es un contrato indefinido (como se determina en la ley 4/97 respecto a los socios trabajadores), a jornada completa y con período de prueba de un año, que pueden realizar las empresas que tengan menos de 50 trabajadores (entre las que entendemos puedan estar las sociedades laborales).

 Los incentivos que este contrato permite son:

1) que con el primer trabajador contratado por la empresa, menor de 30 años, la empresa pueda realizar deducción fiscal de 3.000 euros.

2) además si el socio trabajador a quien se le realice este contrato es desempleado perceptor de prestación contributiva puede hacer deducción fiscal del 50% de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir.

3) aparte se pueden aplicar bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social, durante 3 años para trabajadores inscritos en la Oficina de Empleo para JÓVENES y para MAYORES DE 45 AÑOS.

4) por último otra posibilidad que permite este contrato es que el socio trabajador podrá compatibilizar, junto con el salario, el 25% de la cuantía de la prestación que tuviera reconocida y pendiente de percibir en el momento de la contratación.

Uno de los principales escollos a la hora de emprender en estas empresas de autoempleo colectivo, y que en muchas ocasiones ralentiza el proceso de autoempleo o hace que se den de alta sólo algunos de los socios de la misma, es el costo que supone el pago de los seguros sociales de los socios de conformidad con lo que el convenio colectivo del sector establece. Entendemos que tras la reforma laboral se ha producido una reordenación de estructura de la negociación colectiva, dando prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales, prevaleciendo los acuerdos alcanzados en el ámbito empresarial sobre cualquier regulación sectorial alcanzada por sindicatos y organizaciones empresariales. Entendemos a las sociedades laborales como caldo de cultivo para poder negociar convenios de empresa que puedan hacer competir mejor en el mercado a estas empresas en las que los acuerdos en estas materias podrían ser unánimes por el doble carácter de socios trabajadores.

Aprovechando el mayor campo de actuación que las últimas modificaciones legislativas dan al convenio de empresa, se plantea un uso más intenso de esta herramienta por la Sociedades Laboral como medio de profundización en su autorregulación. En este ámbito se tratarían materias más directamente relacionadas con la situación y características específicas de cada empresa, que conviene que cada Sociedad Laboral trate como tenga por más conveniente. Nos estamos refiriendo a temas como: sistemas de remuneración y cuantía salarial, horario y distribución del tiempo de trabajo incluyendo la distribución irregular de la jornada.

Concretas bonificaciones para la economía social y concretamente para sociedades laborales juveniles pueden escorar que el emprendimiento colectivo acoja con mayor alegría esta forma jurídica, concretamente la norma establece que se establece bonificación de la cuota empresarial durante 3 años (800€/año) por la incorporación de menores de 30 años a las cooperativas y a las sociedades laborales en calidad de socios trabajadores.

Otro aspecto positivo de este año 2013 es la clarificación del Régimen de encuadramiento en la seguridad social. A la entrada en vigor de la disposición adicional 47 de la Ley 27/2011 (1 de enero de 2013) todos los administradores de las sociedades laborales (salvo los que se encuadren en el autónomo por ser socios familiares) tendrán derecho a su encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social sin exclusiones, siempre que el número de socios no sea superior a 25.

Pero aunque como consecuencia de ser una empresa de tipo familiar el régimen de encuadramiento de los socios fuera el del autónomo se podrían aplicar a las sociedades laborales juveniles la tarifa plana de los 50 euros en la cotización a la Seguridad Social para nuevos autónomos menores de 30 años que inicien una actividad por cuenta propia durante los primeros 6 meses, durante los 6 meses siguientes, se aplicaría una reducción en la base mínima de cotización del 50%, tras los cuales, y durante los 18 meses siguientes, una reducción y una bonificación de un 30%. También sería compatible durante un máximo de 9 meses, la percepción de la prestación por desempleo con la situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Por último y quizás la vía de financiación más importante en nuestras sociedades laborales es el conocido como Pago Único de la Prestación por Desempleo que ha tenido recientemente el aldabonazo de que desde 1 de enero de 2013 la exención fiscal del pago único es total y no sólo hasta el tope que tenía hasta la actualidad de 15.500 euros

El supuesto clásico de utilización de esta modalidad de Prestación es aquel en el que se procede de una relación laboral por cuenta ajena que ha finalizado. Como conocemos se trata de una medida para fomentar y facilitar iniciativas de economía social, a través del abono del valor actual del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones (evidentemente han debido finalizar una relación laboral por cuenta ajena) cuando pretendan incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales o cuando dichos beneficiarios pretendan desarrollar una nueva actividad como trabajadores autónomos.

Un Expediente de Regulación de Empleo, un despido objetivo de una empresa o un grupo de trabajadores que interpretan que tienen los conocimientos suficientes “know how” de la misma puede ser el inicio de una nueva actividad emprendedora en la que el Pago Único de la Prestación adquiere una fundamental importancia a la hora de buscar los recursos financieros de la misma.

De fundamental importancia es que han de tener derecho a prestación (y no subsidio que no concede este derecho). Para esto el emprendedor ha de asegurarse que al menos tiene un año cotizado en el Régimen General (mínimo para tener derecho a la prestación por desempleo) o que en su día suspendió una prestación y ahora puede recuperarla. En segundo lugar de esta prestación han de quedarle al menos tres meses, pues si le quedara menos, aparte de la escasa cuantía que esto le supondría, dejaría de cumplir los requisitos que marca la normativa.

Como en cualquier prestación por desempleo ésta ha de proceder de una situación legal de desempleo, con lo que no dará derecho a prestación y por supuesto tampoco a pago único si los emprendedores proceden de una baja voluntaria. Poniendo un ejemplo, si un grupo de trabajadores quiere abandonar su empresa para montar otra debido a su experiencia y conocimiento del mercado, no podrían hacer uso de esta forma de financiación de su capital si lo que hacen es darse de baja voluntaria en su empresa. Sí podrían en los casos en el fin de la relación laboral no ha sido consecuencia de una baja voluntaria (p.e. finalización de contratos o despidos).

Una vez adoptada la decisión de solicitar la Prestación por Desempleo en su modalidad de Pago Único hay que tener una serie de cuestiones en cuenta:

1) Ya conocemos que la constitución de una Sociedad Laboral tiene una serie de requisitos, entre ellos está el que ninguno de los socios/as trabajadores/as puede tener la propiedad de más de un tercio del capital social de la misma.

2) Habrá que hacer cuentas de la cuantía económica que nos supone la capitalización por desempleo.

3) Si nos encontramos con micro sociedades laborales se puede dar la circunstancia de que la totalidad de la prestación del emprendedor sea superior a estos tercios de capital social de su sociedad con lo cual no podría capitalizar la totalidad de su prestación.

4) En el caso de la Sociedad Limitada Laboral hay que tener en cuenta que el capital social ha de ser desembolsado en su totalidad. No ocurre así en la Sociedad Anónima Laboral donde puede no tener que desembolsarse al inicio sino el 25% del capital. En su caso y a estos efectos si el resto de los socios pudieran afrontar de futuro el 100% ha desembolsar de su capital social, pero no en el momento de la constitución, podría ser esta una solución flexible para poder capitalizar el todo de su prestación.

5) También deberíamos mencionar las aportaciones no dinerarias para el caso de que algún socio no pudiera alcanzar el capital social necesario (desde el punto de vista monetario) para que los demás pudieran obtener su capitalización del desempleo en su totalidad. Para el caso de que uno de los socios aportara herramientas, locales u otros activos es evidente que serían aportaciones no dinerarias que podría igualar el capital social aportado por los socios y hacer factible el abono del Pago Único en su totalidad.

6) Para el supuesto de que en ningún caso se pudiera aportar el todo del desempleo por las razones ya expuestas de los topes en la Sociedades Laborales, en cualquier caso se puede pedir al SEPE que la cuantía que no hemos percibido sea devuelta a través de las cuotas de Seguridad Social. Aquí el emprendedor se encuentra ante una situación que tiene que conocer. Se trata de que en una Sociedad Laboral dependiendo de si esta tiene un carácter familiar o no el encuadramiento en la Seguridad Social será en el Régimen General o en el Régimen Especial de Autónomos. Pues bien esta devolución en caso del Autónomo será en su totalidad y en el caso del Régimen General sería una devolución de la cuota obrera a la Seguridad Social, es decir, de cuantías que suelen ser bastante inferiores a la cuota de Seguridad Social. Podríamos encontrarnos con situaciones en las que la devolución de las cuotas durara años y no fuera esto lo que pretendimos de inicio en cuanto a la financiación del capital social de nuestra Sociedad.

7) Además no se nos debe olvidar que para aquellos socios trabajadores que capitalicen el pago único en su totalidad como beneficio adicional se les abonará el 100% de las cotizaciones del trabajador a la Seguridad Social en el Régimen General o el 50 % de la cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Todas estas cuestiones, si se tienen en cuenta en el momento del emprendimiento, pueden llevar a que la sociedad laboral sea la fórmula jurídica ideal para emprender ya que podemos entender que es la que más ventajas competitivas aporta al emprendedor.

José S. Martínez de Pinillos Morales es abogado y responsable del Dpto. de Desarrollo Empresarial y asesor jurídico de FEANSAL

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